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Resumen:
Los pueblos indígenas y las comunidades locales han sido reconocidos como sujetos sociales centrales para la conservación y el desarrollo sustentable en el artículo 8 de la organización de las Naciones Unidas (ONU). México es uno de los países que alberga entre el 60 y el 70 % de la biodiversidad total del planeta de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Jalisco (2018), por lo tanto tiene un estatus especial tanto en la conservación de las especies como de los ecosistemas. El enfoque biocultural para la conservación y el desarrollo sustentable alrededor de los pueblos indígenas es estratégico para México. Oaxaca concentra la mayor diversidad a nivel nacional y también tiene la mayor presencia de pueblos indígenas. La convivencia con la biodiversidad regional ha hecho que esas comunidades probaran, desecharan o desarrollaran el uso de plantas, insectos y animales como alimento. Existen iniciativas en el medio rural inspiradas en el paradigma de la sustentabilidad con propuestas innovadoras en lo social, tecnológico, cultural y ecológico, que se conocen como laboratorios socioambientales, y se les denomina empresas sociales rurales además se organizan en torno a bienes de propiedad común y en formas colectivas de producción que buscan generar bienes y servicios bajo los principios de la sustentabilidad, la agroecología y el mercado orgánico y justo. La empresa social rural es una estrategia en el momento que realiza acciones bien estructuradas, con el único objetivo de obtener un resultado esperado de forma eficaz, es decir el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar cierto estado futuro. En este caso, las empresas sociales que inciden en la sustentabilidad son organizaciones que tienen la capacidad de proponer de manera consciente proyectos alternativos al desarrollo, es decir comienzan en mayor o menor medida el fomento a la diversidad biológica, la autosuficiencia alimentaria, la integración de prácticas productivas, la equidad de participación en los procesos comunitarios, la búsqueda de precios justos en el mercado, un equilibrio espacial a fin de lograr estabilidad de paisajes agroecológicos, equilibrios productivos entre valores de uso y valores de cambio, así como la capacidad de participación en decisiones comunitarias y familiares |
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Resumen:
El objeto de estudio es la forma de organización económica que impera en el sector forestalmaderero del estado de Oaxaca alrededor de los años 2000 a 2015. El estado y sus municipios presentan una paradójica situación entre su riqueza forestal-cultural y el rezago socio económico de las comunidades predominantemente indígenas que viven en las zonas boscosas. El fenómeno se aborda desde una metodología cualitativa a partir del marco teórico de la nueva teoría de los comunes. Para evitar la tragedia de los comunes y traducir la riqueza natural en bienestar socio económico la teoría indica que mediante un régimen de propiedad comunal es posible afrontar de mejor manera los retos derivados de las características intrínsecas de los bienes de tipo común como los bosques. Se indaga si este planteamiento permite comprender la experiencia de las comunidades forestales de Oaxaca quienes en las últimas cuatro décadas han desarrollado un modelo de organización económico e institucional muy próximo al que plantea la teoría. Se concluye que el régimen de propiedad común acompañado de instituciones híbridas entre lo tradicional y lo empresarial, se ha traducido en una mejora sustancial en la calidad de vida de los pueblos auto identificados como indígenas. |
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Resumen:
En el marco del proyecto de fortalecimiento a la incidencia de las comunidades étnicas Lenca y Maya-Chortí, y de las asociaciones ambientalistas de Olancho que implementa Oxfam en conjunto con OCDIH, para conocer mejor la realidad del impacto de las concesiones se revisó conocimiento técnico y recuperación de conocimiento local, para ello se desarrolló un enfoque participativo, con sensibilidad a la información desagregada por tipo de organización (organizaciones de pueblos indígenas y asociaciones ambientalistas)y un acercamiento a la realidad por género. La consulta contó con la participación de representantes de los pueblos indígenas Lenca y Maya-Chortíy asociaciones ambientalistas de Olancho. |
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Resumen:
A partir de una larga experiencia etnográfica en la comarca indígena de Gunayala (Panamá), en este artículo se reflexiona sobre la apertura de esta región autónoma al turismo desde los años 2000, los efectos que ha tenido la llegada de visitantes en la vida de sus habitantes y los nuevos conflictos que surgen entre el Estado, los visitantes y las autoridades gunas tras la aprobación de cobros de entrada por parte del Congreso General Guna. Con el fin de complementar la mirada sobre los impactos y los intercambios culturales derivados del turismo, la observación del marco global en el que se producen las relaciones turísticas nos permite reflexionar sobre los múltiples sentidos de la movilidad, el derecho al turismo, la soberanía indígena, la territorialidad y la fiscalidad en Gunayala y en las sociedades emisoras de turistas. Este texto muestra cómo los impuestos que los gunas cobran a los visitantes están estrechamente relacionados con las concepciones de la movilidad que derivan de los valores locales. Valores que se contraponen a los del individualismo y la libertad de circulación promovidos por las organizaciones turísticas de alcance global. |
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Resumen:
Los bosques y selvas proporcionan bienes y servicios indispensables para la vida y la sociedad. ¿Sabes quién y cómo cuida de ellos? Cerca del 80% de los bosques y selvas de México pertenecen a ejidos y comunidades, y son ellos quienes enfrentan el reto de conciliar su manejo y conservación. A través del monitoreo y manejo forestal comunitario se generan condiciones que contribuyen a la conservación de estos ecosistemas y su biodiversidad. Valorar esta contribución y desarrollar herramientas de monitoreo asequibles para los actores locales, son estrategias de conservación que deben fortalecerse por dependencias e instituciones del sector ambiental. |
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Resumen:
This paper examines how spatially exclusionary policies, implemented in the name of environmental conservation and indigenous territorial rights may, paradoxically, work to extend state territorialization and control over resources in indigenous territories. While the colonial legacies of protected areas and conservation enclosures in indigenous territories are well-known, critical scrutiny of contemporary exclusionary conservation mechanisms remains scarce. I suggest that such mechanisms, often based on the selective physical and political removal of “violent” and “destructive” non-indigenous settlers, bear striking similarities to earlier conservation initiatives in that they limit indigenous autonomy and enable state control over indigenous territories and resources, despite the changed rhetoric emphasizing not only conservation goals, but also indigenous rights. I base my argument – that conservation in indigenous territories continues to be motivated by the territorial ambitions of the state – on analyzing Nicaragua’s saneamiento territorial (“territorial cleansing”) policy, which is generally understood as the eviction of non-indigenous peasants from indigenous territories. I show that saneamiento is selective in different ways: it only dispossesses certain populations that compromise the legibility and controllability of indigenous territories and the natural resources in them, and it is implemented only in the spaces and times that are compatible with the territorialization goals of the state, i.e., areas rich in natural resources. |
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Resumen:
Nicaragua has in place some of the best policies when it comes to indigenous land demarcation, but the reality is that land autonomy is not being fully recognized. This contribution analyzes the question of why this failure is happening by beginning first with a brief history of where most indigenous communities live, the Caribbean Coast of Nicaragua. The Caribbean Coast was separate for most of Nicaragua’s history and only recently was it incorporated. Then this paper covers the historic case of Awas Tingni v. Nicaragua that was the reason for the creation of the Communal Lands Law, or Law 445. Law 445 is the cornerstone of land demarcation policy in Nicaragua. However, it is not without its faults as this paper goes on to explore them, including the government’s failure to uphold its obligation to remove any settlers from indigenous autonomous territory. The argument presented in this contribution as to why land demarcation is failing is that the policies in place make the process an inherently political process. It ties indigenous people into the corrupt politics of Nicaragua that are rife with clientelism and neoliberalism. This paper concludes with the implication that it is important for indigenous land rights everywhere that the problem in Nicaragua be resolved so the country may stand as an example in the fight for indigenous autonomy. |
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Resumen:
On Nicaragua’s Caribbean coast, Black and Indigenous forest rangers take environmental protection into their own hands |
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Resumen:
La Sierra Norte de Puebla es una muestra de los intentos de corporaciones transnacionales que cuentan con el apoyo de instituciones y funcionarios gubernamentales, para desposeer del territorio a las comunidades campesinas e indígenas. Estos intentos, en la mayoría de los casos, se han enfrentado a la resistencia y movilización de estos pobladores nativos y sus organizaciones; resistencia y movilización que, hasta lo que va la historia al momento de escribir este trabajo (marzo de 2016), ha tenido un significativo éxito para frenarlos. Por eso de la memoria contra el olvido, en el primer apartado de este escrito se da un referente histórico de los intentos por someter a los pobladores de la Sierra y los movimientos de resistencia que se gestaron ante ello. |
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Resumen:
Deforestation is a primary contributor to global climate change. When the forest is felled and the vegetation is burnt or decomposes, carbon dioxide, a greenhouse gas, is released into the atmosphere. An approach designed to stem climate change is Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), a global financial mechanism that requires intricate governance requirements to be met – a significant challenge in the developing areas. In Panama, the government is responsible for designing and implementing a national REDD+ strategy with support from multilateral organizations. This case study is built through the experience of a public hearing on the potential implementation of REDD+ in the highly contested Upper Bayano Watershed in eastern Panama. The Upper Bayano Watershed is composed of vast and diverse forest ecosystems. It forms a part of the Choco-Darien ecoregion, a global biodiversity hotspot, and is home to two Indigenous groups (Kuna and Embera) and populations of migrant farmers (colonos), all with different histories, traditions, and worldviews concerning forests and land management, often resulting in territorial conflicts. A major socioecological issue facing the region is deforestation, which is driving biodiversity loss and landscape change and threatening traditional livelihoods and cultures. The public hearing stimulates difficult discussions about access to land, tenure security, biodiversity conservation, poverty reduction, identity, power, trade-offs, and social justice. The case is designed to confront participants with the challenges of implementing ambitious, international, and often-prescriptive natural resource policies at local levels. |
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Resumen:
En los últimos años, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) ha acumulado experiencia en la incubación de su Fondo Territorial Mesoamericano, un mecanismo que canaliza fondos para la acción climática donde más se necesitan. Los estudios de caso de los pueblos indígenas de Costa Rica y Panamá ponen de relieve cómo las comunidades están tomando medidas climáticas con poco apoyo, mientras que en Guatemala las comunidades han accedido con éxito al financiamiento gracias a la inversión en las capacidades comunitarias. Se necesitan mayores compromisos para ampliar iniciativas como el Fondo Territorial Mesoamericano y los esfuerzos más amplios de la AMPB; estas inversiones también pueden ayudar a sembrar las semillas para el desarrollo de fondos similares en otras partes del mundo. |
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The term “forest transition” refers to observed historical processes of forest cover change as societies become more developed and industrialized. A general trend observed in many developed economies is that forest cover declines at a rapid rate uring a first phase of economic development, followed by a gradual stabilization of forest cover and subsequent tendencies toward forest recovery.
While deforestation is still a major problem in many regions of the world, the growing magnitude of recovering forests and the ecological and livelihood significance of secondary forests in general has been recognized by the FAO, which notes that in many tropical countries the amount of secondary forests is larger than primary forests. Reviews of forest cover dynamics in the region is made difficult by the conflicting numbers on basic forest cover processes from apparently reliable sources, as we shall see in some of the country case studies. The lack of agreement on basic facts, from deforestation rates to existing forest cover to number of hectares in protected areas, shows the great need for more rigorous and definitive studies and ongoing monitoring. This is made more urgent in a carbon-constrained world where deforestation contributes some 20% to greenhouse gas emissions. FAO figures are frequently taken as authoritative on deforestation but liberal definitions of forest cover can make them misleading. Thus, in most countries in the region it is difficult to determine if a forest transition is taking place. |
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Costa Rica is well known for its policies to enhance conservation and sustainable use of forests. The country was also instrumental in promoting the mitigation strategy ‘Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)’ under the United Nations Framework Convention on Climate Change. The effective and legitimate implementation of REDD+ requires the participation of local stakeholders, including indigenous groups from forest regions, and corresponding provisions were established through social safeguards at the international level. In this article, we review this normative and institutional set-up and link it with experiences from the national and local levels by analysing the development of indigenous groups’ engagement in Costa Rican REDD+ politics. Drawing on a multilevel Political Ecology approach, we analyse data, which were gathered through interviews and participant observation on central government developments and on the Cabagra and Salitre indigenous territories. Our study illustrates the sociopolitical processes related to political agency, land conflicts and lessons learned, e.g. regarding epistemological biases and the local organisation of political participation, which indigenous communities have experienced during the design and consultation of the national REDD+ strategy. |
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Resumen:
From 2011–2015, the Center for International Forestry Research (CIFOR) trained field teams in Nicaragua in Adaptive Collaborative Management (ACM) methods. ACM is a social learning-based approach to help forest communities manage their natural resources in a more equitable and sustainable way and respond to change. This paper presents the lessons-learned from the training and field work. It argues that understanding and building social learning processes among the ACM team members and facilitators are crucial components of the ACM methodology and necessary in order to recognize and address the complex nature of socio-ecological relationships. In particular, promoting women’s participation in forest decision-making in their own rural communities requires not only a consideration of gender relations but also of the gender perspectives of each member of the field team. |
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